Reforma agraria quiere decir redistribución de la tierra y redistribución de tierra quiere decir guerra civil pues quien la posee no la va a dejar ir así no más. Las anteriores no son mis palabras, lo escuché del ilustre profesor de historia Donald Kagan de la Universidad de Yale. Y no, no estaba hablando de Guatemala y del Decreto 900, sino de la historia de Grecia y explicaba su opinión del porque las reformas de Solón durante el nacimiento de la democracia en Atenas, en el 594 AC, no habían llegado más lejos. Aclaro que nunca he estado en Yale, pero con internet y YouTube todos podemos estar presentes donde nunca hemos estado y oír hoy, una cátedra de hace 12 años.

EL AMOR A LA TIERRA

Muchos tienen una relación emocional con la tierra. Aman a la tierra, que al final es solo una cosa, un “objeto”. No es raro, los seres humanos somos así. No solo amamos a nuestros seres queridos y a nuestras mascotas. Amamos conceptos como es el de “nuestra nación” y valores como libertad y justicia. Muchos aman a su carro, su laptop o a su teléfono inteligente, pero a diferencia de las primeras, estas últimas son solo cosas y las cosas tienen precio, compradores y vendedores, y eso, sin intención de ofender a los muchos que por fé o tradición le asignan un alma a la tierra, y sin menospreciar el amor a la vida campesina, hace una gran diferencia.

EL CLAMOR POR LA TIERRA

Algunos demandan tierras como si estas no tuvieran un precio que de algún bolsillo debe salir.  Pero, ¿Que determina el precio de la tierra? Superadas las emociones, el precio estará dado por el beneficio económico que quienes la compran y venden imaginan poder obtener de esta en un tiempo dado. Siendo así, quien desee poseer tierra, por escasa que esta sea, debería poder comprarla siempre que encuentre un propietario que no le satisfaga o no se sienta capaz de lograr que esta cosa le produzca lo que el comprador imagina o le satisface. Si los cálculos del comprador son correctos para sus medios y planes, y el tamaño de la operación adecuada, logrará ingresos suficientes para obtener una utilidad no totalmente absorbida por la amortización al capital que le permitirá vivir razonablemente, después de cubrir todo lo necesario incluyendo costos de financiamiento.

Entonces, dejando de lado lógicos conflictos derivados de nuestro deficiente registro de propiedades individuales y colectivas, cabe preguntar: ¿Por qué la permanente percepción de un conflicto latente sobre la propiedad de las tierras cultivables? ¿Por qué invasiones a fincas, quejas de organizaciones políticas sobre el “acaparamiento de tierras” y la periódica reaparición del tema? y, sobre todo: ¿Por qué quiénes desean esta cosa, simplemente no van y la compran? Y no, no es una pregunta tonta.

Supongo que toda pregunta tiene más de una respuesta correcta, pero la principal en este caso es que los “campesinos sin tierra” no son campesinos sin tierra, son campesinos sin dinero y sin posibilidad de convencer a quienes lo tienen, de que prestarles el dinero no es un riesgo irrazonable. Así, la situación permanece sin solución por décadas con reclamos sobre sucesos de hace 50, 200 o 500 años, inestabilidad y conflicto.

EL PROBLEMA

Si nos despojamos de sentimientos emocionales será obvio que el problema fundamental está en la alta probabilidad de fracaso por parte de quienes solicitan tierra. Claro que hay que definir fracaso. Lograr que algunos campesinos, a puro azadón y machete sin siquiera una yunta de bueyes, puedan producir lo suficiente para no pasar hambre y poder comprarse una bicicleta es un fracaso, aunque haya quien lo califique de éxito. Fijarnos una meta tan baja nos garantiza no llegar a nada. Una meta más alentadora sería lograr que de los “campesinos sin tierra” surgieran en una sola generación, al menos varios miles de campesinos de clase media holgada. Dueños de fincas familiares o comunitarias, con maquinaria y tecnología, y que con o sin ayuda de algunos empleados pudieran tras un esfuerzo razonable ahorrar lo suficiente para enviar al menos un hijo a estudiar al Zamorano. ¿Por qué no?

Quienes no lo ven como un problema de riesgo sino como un problema de “mala distribución” inevitablemente propondrán hacer una nueva y mejor distribución, o sea “redistribuir” a la fuerza pues no hay otro método, confiscando o expropiando propiedades a unos para que, de algún modo, les quede a otros. Carentes de la prudencia de Solón, citan la historia de Arbenz sin aprender de ella.  Ni hablar de aquellos que partiendo de que las propiedades actuales son el resultado de varios “pecados originales”, lo cual, a su juicio sin importar el tiempo transcurrido invalida ese derecho, justifican inclusive acciones violentas para tomarlas “de vuelta”.

Regresando a un pensamiento propositivo, asumiendo que entre el campesinado existen suficientes peticionarios con el conocimiento, la habilidad y la tenacidad para ser exitosos en lo que desean acometer, todo se reduce a un problema de crédito y riesgo. La solución tradicional a estas situaciones, cuando se quiera abordar, es una garantía de parte del Estado.  Ese punto de vista nos llevará a propuestas propositivas. Debido a que otorgar garantías del Estado para préstamos hipotecarios o personales es una obvia invitación a abusos desastrosos, es también normal crear una institución separada con la responsabilidad de filtrar las propuestas y los beneficiados. ¿Más de lo mismo?

YA TUVIMOS EL INTA Y EL FIDEP Y ACTUALMENTE FONTIERRAS

Entregar tierras a campesinos reales o imaginarios no es nada nuevo en nuestro país. Todos los gobiernos posteriores a Arbenz (o al menos todos a partir de Idígoras) lo hicieron hasta que se terminaron las tierras otorgables del Petén y las Fincas Nacionales confiscadas a los alemanes por Ubico durante la segunda guerra mundial.  Luego, con menos impulso han seguido esquemas de comprar y entregar bajo diversos conceptos. Por ejemplo, la actividad de FONTIERRAS del año pasado (2020) consistió en la inversión de unos 13 millones de Quetzales en la compra de una finca de 309 hectáreas para beneficiar a 96 familias, aunque también otorgó créditos por muchos millones más. Sin entrar a analizar buenas o malas experiencias, el impacto social positivo no ha sido significativo.

Seguramente hay cambios en normas, gobernación y estructura que se pueden proponer para mejorar la inevitable entidad reguladora y para obtener mejores resultados, pero lo que proponemos no es una mejora a lo que se hace o ha hecho. Lo que nos atrevemos a proponer es más bien un cambio de actitud, objetivo y justificación. Proponemos lograr la participación de las empresas privadas a manera de transformar a los grandes terratenientes, de supuestos “enemigos” del cambio, en sus abanderados e impulsores. Ese es el cambio principal de actitud. El objetivo es el crecimiento de la clase media en el campo. La justificación parte de la convicción de que la inestabilidad social no surge cuando la brecha entre los ricos y pobres es grande, sino cuando está vacía.

Como herramienta o vehículo proponemos una especie de alianza público-privada, robándonos el nombre de la legislación creada para concesiones de obras de infraestructura, pero nada más. No estaría orientada a operaciones lucrativas sino al intento de transformar verdaderamente la vida rural. Visualizamos una entidad independiente, subvencionada en sus pérdidas por el Estado, pero gobernada y administrada mayoritariamente por la empresa privada, como parte de los programas voluntarios de RSE de las empresas agrícolas grandes. Su capital semilla podría provenir del Estado o de una fundación privada.

UNA ALIANZA CON OBJETIVO SOCIAL Y VISIÓN EMPRESARIAL

Con múltiples diferencias y similitudes inevitables a las entidades antiguas y actuales, “La Alianza” compraría fincas, analizaría las peticiones y posibilidades de éxito de los solicitantes y asesoraría a los beneficiados.  Las fincas se venderían con alguna cláusula de opción de recompra que permitiera evitar que terminaran en manos de terceros. El plazo sería 15 o 20 años, pero a través de préstamos bancarios para que la Alianza recuperara rápidamente el costo de las compras. Los bancos privados financiarían estas operaciones y el Estado garantizaría las hipotecas y préstamos de capital de trabajo, pero las pérdidas corresponderían a La Alianza, a la cual regresarían las fincas de los beneficiados que se atrasaran irremediablemente en sus pagos.

Para minimizar la corrupción el comité encargado de analizar solicitudes no seleccionaría beneficiados, sino que solo “tacharían” a los que no llenaran los requisitos prestablecidos ya los que consideraran con poca posibilidad de éxito. Los no tachados, individuos, asociaciones, cooperativas o comunidades, sin cuotas preestablecidas, adquirirían el privilegio de participar en sorteos periódicos. Tras el proceso de selección La Alianza regalaría a los beneficiados instrucción y asesoría y la oportunidad de fracasar sin quedar endeudados de por vida, pero nada más. No se regalaría tierra, ni fertilizantes, ni equipo, ni dinero.

El Director de La Alianza podría ser seleccionado por el sector privado, quien pagaría su sueldo como parte de su aportación, pero el mayor aporte del sector debería ser abrir la puerta aúna nueva visión centrada en la obtención de éxitos económicos entre los beneficiados, dejando a un lado antiguos paradigmas o temas.  La nueva visión podría talvez: Aceptar desde un principio que muchos beneficiados fallarán, pero que los exitosos podrán ampliar sus propiedades. Enfatizar la transferencia de tecnología y la mecanización. Desechar las ideas de restricciones gubernamentales sobre los cultivos y tamaño de las fincas y enfocarla en lo que les fuera más rentable.

UNA ALIANZA ENTRE GRANDES Y PEQUEÑOS

No hay tarea más difícil que la de cambiar perjuicios y costumbres, pero a diferencia de la industria y el comercio, en la agricultura los grandes y pequeños no son competidores, mucho menos enemigos naturales si los límites de las fincas están bien definidos y el uso de las aguas reglamentado. Donde eso está superado pueden tener muchos intereses en común y un programa exitoso tal vez pudiera lograr un cambio social radical.

No mires atrás ni sueñes el futuro: no te devolverá el pasado y tampoco te concederá la felicidad que anhelas.
Tu deber y tu recompensa, tu destino, son ahora y aquí.

Dag Hammarskjöld

Grandes terratenientes podrían compartir conocimientos, buenas prácticas y consejos directamente con los pequeños propietarios. Las grande fincas o agroindustrias podrían donar tiempo de sus agrónomos, expertos y administradores para llevar a cabo seminarios y asesoramientos gratuitos para campesinos medianos y pequeños. De funcionar se elevaría el nivel de vida promedio en el campo y tal vez algunos de los actuales conflictos se pudieran transformar en concordia y mutua admiración, confianza y respeto. Difícil, sí, pero enteramente posible.

CON LOS PIES EN LA TIERRA -RETOS REALES

Una cosa es ser optimista, otra es ingenuo. Sabemos que los retos son múltiples y grandes. Para empezar, los que hemos sido emprendedores sabemos que no es raro desarrollar mentalmente una “gran idea”, y luego, al “hacer los números,” descubrir que simplemente no es viable. Les dejamos los números a los que tienen el conocimiento.

En la legislación actual no hay espacio para lo propuesto. La ley de Alianzas Público- Privadas fue hecha con otro propósito y no es adaptable a este. Una ONG carecería de estabilidad y tendría que recurrir anualmente a un beneplácito incierto del Legislativo y del Ejecutivo. Una fundación enteramente privada podría hacer un bonito trabajo, pero sin aporte estatal es muy difícil que llegara a tener los fondos para hacer una labor del tamaño necesario. Se necesita de una ley específica con un diseño bien pensado, para que sea exitoso, como se ha logrado a la fecha con el IRTRA, un ejemplo de algo menor que se volvió grande simplemente porque se hizo bien.

La agricultura es un negocio difícil y riesgoso y no es para cualquiera, pero de optar La Alianza por criterios muy conservadores en la selección de beneficiados, no cambiaría la vida de nadie. Solo ayudaría a quien no lo necesita y podría terminar convirtiéndose en un ente al servicio de los bancos como me cuentan ha terminado el FHA. Por otro lado, si relaja mucho sus requisitos puede volverse un generador de fracasos, o peor, causar nuestra propia mini-versión de la crisis hipotecaria del 2008. La Alianza necesitará de gente capaz de mantener un equilibrio difícil, aprendiendo de sus errores sin perder su razón de ser.

Por último, hay que mencionar algo que no es un reto a lo propuesto sino a la sociedad. El incremento en la productividad de la tierra, asunto deseable y necesario que empuja hacia arriba los salarios en el campo, implica que cada vez el uso de mano de obra en el campo es menos, mientras que cada vez la población, traducida a mano de obra disponible, es mayor. Un plan integrado de transformación rural por parte del Gobierno tiene que contener elementos que contribuyan a evitar que los     desplazados por la industrialización agrícola se vuelvan los pobres de las áreas urbanas. Con o sin transformación ese proceso es inevitable y está a la vista de todos y sin La Alianza será peor.

 Es obvio que, en adición a lo propuesto, todo lo que incentive a nuestras pocas industrias a alejarse de la capital es favorable y que una mejora dramática en la calidad de la educación pública en el campo es esencial. Reconozcamos que nuestro tan cacareado “bono poblacional” es hoy una “bomba poblacional” alivianada únicamente por la alta migración ilegal hacia EE. UU y que quien tenga soluciones debe proponerlas ya.

BARRERAS IDEOLÓGICAS Y MENTALES

Uno. Algunos economistas señalarán que el proyecto es “ineficiente”, y es cierto. Empujar al mercado de capitales para lograr que se efectúen prestamos más riesgosos tiene como costo pérdidas de capital que no sucederían caso las inversiones fueran seguras sin necesidad de un aval gubernamental. En el largo plazo podría ser que el desarrollo sea menor, en detrimento de todos, pero tal vez no. Un incremento significativo en el número de campesinos de clase media, residentes en sus tierras contribuiría a la estabilidad social y a la seguridad en las inversiones. Esto sin duda traería repatriación de capitales e inversiones externas y un mayor crecimiento económico. Los efectos de la acción humana en la economía son difíciles de cuantificar o predecir matemáticamente.

Dos. Bueno sería que los revolucionarios románticos comprendieran que es hora de dejar de soñar con el Che Guevara, el Ministro de Economía que destruyó la ganadería cubana y que el tema de la Reforma Agraria dejara de ser la bandera de la vieja izquierda latinoamericana en momentos que la agricultura moderna   incrementa su eficiencia con maquinaria inteligente que opera “sin operarios”. Es improbable que haya apoyo de ellos y menos de quienes no aceptan la realidad de que el pasado no puede modificarse o reestablecerse. Pero, aunque su apoyo sería muy conveniente, el proyecto puede avanzar con o sin la crítica de estos grupos. Lo que no puede faltar es el apoyo del sector privado.

Tres. Las cámaras y agrupaciones del sector privado han surgido para defender intereses gremiales, no para hacer obra social por lo cual su interés en algo así pudiera ser tibio y su accionar inadecuado, pero no es necesario convencer a todos. Unos cuantos líderes visionarios de gran capital serían suficientes y de seguro los hay que ya conocen la gran satisfacción que solo da el servir a otros. En todo caso, la Cámara del Agro debe tomar el toro por los cuernos y aceptar el rol que les toca. ¿Por qué les toca a ellos?  Porque solo ellos pueden desempeñarlo. Porque como les diría Ronald Reagan, “con un gran poder viene una gran responsabilidad”. Porque el País lo necesita. Porque les conviene. Recientes acontecimientos en nuestro hemisferio muestran que la economía, parodiando lo de la esposa del emperador, no solo debe ser beneficiosa sino parecerlo, pues si la percepción es otra podrían venir consecuencias negativas muy reales.

TRANSFORMACIÓM RURAL COMO OBJETIVO NACIONAL

 Un proyecto vigoroso y ambicioso de transformación rural puede convertirse en la propuesta propositiva de los “grandes terratenientes” para que quien quiera tierra y pueda hacerla producir la compre.

 Han pasado 2,600 años desde las reformas de Solón en Grecia y 200 de nuestra independencia. Hora de ideas nuevas, pero no las de los que vislumbran como futuro deseable el que todos tengamos un huerto en la azotea y un par de conejos para no morirnos de hambre. La tecnificación y la eficiencia marchan más rápido cada día y sus consecuencias son inevitables. En el campo y en la ciudad, quien no pueda producir eficientemente desaparecerá. El País somos todos y la creación de una clase media grande y creciente, capacitada y tecnificada, tanto en el campo como en la ciudad no es un objetivo ideológico, es un asunto de simple necesidad de sobrevivencia.

Guatemala, 24 de julio 2021.                                                       Enrique Maza Z.

Notas:

1. Para los lectores de otras latitudes: El Decreto 900 promulgado en junio de 1952 corresponde a la ley de reforma agraria del gobierno del Coronel Jacobo Arbenz y que llevó a su derrocamiento en junio de 1954 con la participación de la CIA.
2. Para los nacionales: Dag Hammarskjöld fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas entre abril de 1953 y el 18 de septiembre de 1961, momento en que falleció al estrellarse el avión en el que viaja para mediar en el conflicto de Katanga en el Zaire o Congo Belga. Existen indicios de que el aparato de Hammarskjöld no sufrió un accidente, sino que fue derribado. Semanas después, el diplomático y funcionario internacional recibió a título póstumo el Premio Nobel de la Paz de 1961.